La revolución liberal trajo consigo en el siglo XIX dos importantes novedades en el ámbito de la Administración local: la sustitución de los antiguos concejos de regidores por los actuales ayuntamientos y la aparición de las provincias, que serán gobernadas y administradas por las diputaciones provinciales.
Los archivos de ayuntamientos y diputaciones —a cargo, por lo general, de los secretarios, cuando no de archiveros profesionales— se hacen eco también esas transformaciones. Si los primeros reúnen, por fin, toda la documentación municipal y reflejan la progresiva diversificación de los servicios que proporcionan los ayuntamientos, los segundos ponen de manifiesto la importante labor de las diputaciones en el fomento de los municipios de la provincia y en materia asistencial, al heredar las competencias de las extinguidas instituciones del Antiguo Régimen. De esta forma, los archivos de la Administración local se convierten durante los siglos XIX y XX en herramientas imprescindibles para la gestión administrativa, en fuente para la historia y, de forma progresiva, en centros de información al servicio de los ciudadanos.
Son, sin embargo, la Constitución de 1978 —que sanciona el derecho de acceso libre y gratuito a los archivos— y la Ley de Bases del Régimen Local de 1985 —que convierte a la Administración local en la gran prestadora de servicios a los ciudadanos— las que configuran los perfiles actuales de los archivos de la administración local, en un proceso en constante evolución que tiene a la transformación digital como principal desafío, a la vez que como oportunidad de crecimiento y desarrollo.
La Edad Contemporánea. Documentos en exposición:
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